UGT ve “imprescindible” negociar en los convenios el tratamiento de datos de los trabajadores

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) –

UGT cree que la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo de protección de datos tendrá repercusiones directas en el ámbito laboral y pide que este nuevo tratamiento de los datos de los trabajadores se negocie en los convenios con las empresas, según ha señalado la organización sindical en un comunicado.

Para el sindicato que lidera Pepe Álvarez, negociar el tratamiento de los datos en los convenios colectivos serviría para poner “especial atención” a la dignidad humana y a los derechos fundamentales de los trabajadores y, en particular, a cómo se maneja la información personal en los sistemas de supervisión en el puesto de trabajo.

En general, pactar los protocolos del reglamento en la negociación colectiva favorecerá que su ejercicio sea efectivo, con “total transparencia” y respetando los derechos de los trabajadores.

UGT ha afirmado que el reglamento conforma una nueva forma de relación entre trabajador y empresa, “entrañando nuevos derechos para los primeros y obligaciones para los segundos que pueden conllevar mucha conflictividad si no son respetados por los empresarios”.

Con este nuevo reglamento “se pivotará” la recogida, tratamiento, almacenamiento, gestión y destrucción de los datos personales de las personas físicas y se consolidarán los derechos de información, acceso, rectificación, cancelación, oposición, representación e intervención de los trabajadores.

Así, desde el próximo día 25, los trabajadores de la eurozona verán reforzados y ampliados los derechos a la protección de datos, con las salvedades inherentes a una relación de carácter laboral, que “otorga al empleador ciertos márgenes para manejar los datos personales, pero sujetos a los límites que marcan los derechos fundamentales y a los nuevos deberes que estipula el reglamento en defensa de los intereses del trabajador”.

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Una juez obliga a readmitir o indemnizar a una empleada que grabaron comiendo una empanadilla

La sentencia es “pionera” en España al declarar nula la prueba obtenida mediante el uso de videocámaras

CÓRDOBA, 10 May. (EUROPA PRESS) –

La juez María Josefa Gómez Aguilar del Juzgado de lo Social número 2 de Córdoba ha condenado a un centro comercial de la capital cordobesa a readmitir “inmediatamente” o indemnizar con 19.148 euros a una empleada que fue despedida tras ser grabada comiendo una empanadilla en su puesto de trabajo, por lo que la sentencia declara el despido disciplinario como improcedente.

Según ha explicado el abogado defensor, Valentín Aguilar, en su web, consultada por Europa Press, el juzgado ha aplicado la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y señala que “la prueba de reproducción de vídeo no soporta un juicio de constitucionalidad”, por lo que inadmite su visionado.

En este sentido, “la sentencia –que no es firme– es pionera en España en declarar nula la prueba obtenida mediante el uso de videocámaras, tras la condena del TEDH a España”, ha resaltado.

En concreto, ha apuntado que “los hechos enjuiciados eran determinar si el hecho de comerse una empanadilla, estando prohibido el consumo de productos a los trabajadores, era suficiente para ser despedida”. La trabajadora con 12 años de antigüedad carecía de sanciones previas.

De este modo, ha valorado que “tiene especial interés que esta resolución siga la doctrina del TEDH, ‘López Ribalda y otros’ contra España dictada el día 9 de enero, que condenó a España por dar validez legal a dicha prueba”.

En definitiva, la sentencia del Juzgado de lo Social inadmite “el visionado de las cámaras ocultas”, siguiendo lo pedido por el abogado de la trabajadora y el Ministerio Público, “al no haber sido precedidas de previo aviso a los trabajadores”.

Al respecto, se declara como hecho probado que “a través de la cámara fija situada en el puesto de trabajo, siguiendo órdenes de la empresa, el servicio de seguridad realizó un seguimiento singular de la trabajadora durante varios días”, a lo que ha añadido que “aunque no se recoja de forma expresa, se trataba de cámaras ocultas”.

LA CARTA DE DESPIDO

En la carta de despido, fechada en noviembre de 2017 y que reproduce la sentencia, se expone que “los hechos que motivan la presente decisión, traen causa de varias desobediencias a las normas de trabajo y a sus deberes y obligaciones profesionales como auxiliar de ‘snack bar, en la medida en que, por un lado ha consumido productos destinados a la venta al público durante el transcurso de su jornada laboral sin abonar el importe correspondiente, lo que constituye una apropiación indebida por su parte, y por otro lado, el incumplimiento de las Normas Higiénico-Sanitarias de obligado cumplimiento para manipuladores de alimentos”.

Por otra parte, el letrado ha indicado que “se había planteado otra cuestión jurídica de interés, como que el seguimiento singular se fundamentaba en un deseo de despedir a la trabajadora por su situación de una enfermedad prolongada potencialmente generadora de discapacidad”. Según ha señalado, la mujer había sufrido una incapacidad temporal superior a un año y había solicitado una incapacidad permanente –que le fue denegada judicialmente, estando actualmente en recurso–.

En definitiva, la sentencia desestima el despido, después de que “en el momento del despido no se encontraba en incapacidad temporal y la empresa la había reubicado desde el puesto de cajera a dependienta en ‘snack bar’ en fecha anterior al despido”.

No obstante, a juicio del abogado Valentín Aguilar, que ha llevado la defensa de la trabajadora, “esta sentencia sería susceptible de recurso, habida cuenta que el factor determinante de la discriminación no es la situación de incapacidad temporal en sí, sino la certeza de la empresa de que existía una enfermedad prolongada que podría devenir en una incapacidad”.

Tribunal de Cuentas reclamará hoy en las Cortes el fin de la colaboración voluntaria en las bajas laborales

Las colaboradoras con Seguridad Social no declararon 5,8 millones al reducir cuotas en 2015, según el informe que lleva al Congreso

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) –

El Tribunal de Cuentas presenta este miércoles ante las Cortes el informe en el que reclamaba acabar con la colaboración voluntaria de las empresas en la gestión de las bajas laborales, y en el que también detectaba que estas sociedades no declararon una reducción de cuotas de 5,8 millones de euros en 2015.

El órgano fiscalizador pide acabar con esta fórmula de colaboración voluntaria, a través de la cual 240 empresas colaboraron en 2015 en la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral, que en 2015 generó obligaciones por el Instituto Nacional de la Seguridad Social con las empresas por 105,4 millones de euros.

Estas sociedades, señala el Tribunal, gozan de “una situación más ventajosa” que el resto de colaboradoras, pues no anticipan el importe de la prestación, no se les obliga a aportar recursos propios al sistema ni realizar aportación alguna al sostenimiento de los servicios comunes y, además, tienen derecho a mejorar la citada prestación con cargo a la colaboración.

Además, el Tribunal critica que ni el importe de las cuotas retenidas ni los gastos imputables por las empresas (141,4 millones y 128,2 millones en 2015, respectivamente) tiene reflejo en ninguna partida del presupuesto de la Seguridad Social ni su resultado económico-patrimonial por lo que no se aporta información sobre las mismas en las cuentas aportadas para su fiscalización.

CRITICA LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL

En su informe, el órgano presidido por Ramón Álvarez de Miranda carga contra la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social pues, critica, “no ha ejercido de forma eficiente la competencia relativa a la coordinación y tutela sobre la gestión de las empresas que colaboran voluntariamente”.

Así, enumera que no aprobó ninguna instrucción para definir cómo remitir la información, su plazo, el contenido de la misma o las propias consecuencias ante la falta de envío ni tampoco los gastos imputables a la gestión de las prestaciones económicas.

Cepyme pide continuar con las reformas para impulsar el crecimiento y la creación de empleo en las pymes

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) –

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) señala que los últimos datos de paro registrado confirman la tendencia “positiva” en la recuperación del empleo, pero a un ritmo menos que en los últimos meses, por lo que pide continuar con las reformas para impulsar el crecimiento y la creación de empleo en las pymes.

En una nota, la patronal de las pymes insiste en la necesidad de seguir avanzando en las reformas para crear un marco más favorable a la actividad productiva y la generación de empleo, especialmente entre las pymes, soportan más del 65% del empleo y son las “grandes protagonistas” de la recuperación que está experimentando el mercado laboral.

La confederación insiste en la necesidad de despejar “cuanto antes” las incertidumbres que aún se ciernen sobre la evolución de la economía y que entorpecen los procesos de inversión y de creación de empleo, así como la conveniencia de perseverar en el objetivo de estabilidad presupuestaria, imprescindible para conseguir un crecimiento “sólido y sostenido”.

El paro registrado disminuyó en abril en 86.683 personas, según los datos del Servicio Público de Empleo publicados este viernes, lo que supone el mayor descenso para un mes de abril en el que no ha coincidido la Semana Santa. En términos desestacionalizados, el desempleo cayó en 24.149 personas.

Respecto del mes de abril de 2017, el paro ha registrado un descenso de 237.168 personas. El número total de parados se sitúa en 3.335.868, la cifra más baja desde enero de 2009, al tiempo que la afiliación se incrementó en abril en 176.373 personas, con lo que la Seguridad Social registra un total de 18.678.461 ocupados, cifra que no se alcanzaba desde el mes de noviembre de 2008.