Programa la reforma de la Seguridad Social en cinco años y ampliar el parque de vivienda social al 8% en 2030
MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) –
El Gobierno incluye en la denominada ‘Agenda del Cambio’ la implantación gradual del sistema de cuentas individuales de capitalización para la movilidad a través de la creación del fondo correspondiente, conocido como ‘mochila austriaca’, a partir del próximo año, así como la simplificación y reordenación del menú de contratos a tres fórmulas: indefinido, temporal estructural y formativo.
Así figura en la ‘Agenda del Cambio’ tomada en consideración este viernes por el Consejo de Ministros, que incluye 60 nuevas medidas en formación y capital humano, transición ecológica, avance científico y tecnológico, mercado laboral, igualdad y eficiencia de la Administración para sentar las bases de un crecimiento “sostenible e incluso” a medio y largo plazo.
Entre las reformas incluidas en la agenda para un mercado laboral “eficiente y justo” el Gobierno proyecta para 2020 la implantación gradual de un sistema de cuentas individuales de capitalización para la movilidad a través de la creación del fondo correspondiente.
Dicho fondo permite a los trabajadores hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su favor en los supuestos de despido improcedente, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación. “Esta propuesta se abordará en el marco del diálogo social para que su diseño y aprobación cuente con los mayores consensos posibles”, señala el Gobierno.
También se incluye la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, impulsar la lucha contra el fraude laboral y la simplificación y reordenación del menú de contratos de trabajo a tres fórmulas contractuales: indefinido, temporal estructural y formativo.
A su vez, se contempla la revisión del sistema de prácticas no laborales en empresas y reconducir a los titulados con estudios finalizados a los contratos laborales en prácticas. Simplificar y reducir la carga burocrática de los contratos de formación y aprendizaje y acercar los centros formativos a las empresas en colaboración con los agentes sociales y las comunidades autónomas es otra de las metas.
REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
El Ejecutivo programa también la reforma del sistema de Seguridad Social de aquí al año 2024, en el marco del diálogo social con empleadores y empleados, y de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo
De esta forma, se aprobarán medidas para el refuerzo de los ingresos, revisión de los gastos y de la cobertura de determinados colectivos y la adaptación de los diferentes parámetros del sistema. Junto al refuerzo del sistema público, el Gobierno tiene previsto desarrollar la previsión social en las empresas con sistemas de pensiones complementarias acordados entre empresarios y trabajadores, así como la reorganización de la Seguridad Social para dotar de mayor eficacia a la gestión con menores costes.
Igualmente, verán la luz incentivos en el mapa de prestaciones y subsidios para impulsar la búsqueda activa de empleo, y se reforzarán las políticas activas dirigidas a mejorar la empleabilidad de las personas en situación de desempleo.
Otras de las medidas recogidas en la ‘Agenda del Cambio’ en materia de mercado laboral son la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, reformas para garantizar la migración “ordenada, regular y segura” y un plan de retorno a España, que se suman a otras ya aprobadas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros, o el Plan de choque por el empleo joven. Todas estas medidas se están poniendo en marcha este año o se proyectan para el próximo ejercicio.
REFORZAR LA DISCIPLINA FISCAL EN TODAS LAS ADMINISTRACIONES
En cuanto a la fiscalidad del siglo XXI, el Gobierno ha incluido en la Agenda del Cambio el aumento de la progresividad y eficacia de los impuestos directos, como ya ha llevado a cabo con la reforma del Impuesto de Sociedades o del IRPF en los Presupuestos Generales del Estado de 2019, y en la misma línea, también apuesta por modificar la tributación de la riqueza, y cita en concreto el Impuesto sobre el Patrimonio o las rentas del capital.
Respecto a la anunciada ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal, contempla la ampliación del listado de deudores a la Hacienda Pública, límites “más rigurosos” para los pagos en efectivo, prohibición del ‘software’ de doble uso o la creación de una unidad de control de grandes patrimonios.
Incluye también el impuesto sobre las transacciones financieras, ya aprobado y en tramitación parlamentaria, y una nueva “fiscalidad verde” en el marco de los Presupuestos. El liderazgo en la lucha contra la evasión y elusión fiscal internacional mediante el control activa contra estos dos fenómenos en los foros internacionales es otra de las propuestas que recoge la Agenda del Cambio, a desarrollar este año.
El Ejecutivo también quiere reforzar los mecanismos de disciplina fiscal para “robustecer” la orientación de medio plazo de la política presupuestaria, vinculando “más estrechamente” los programas de estabilidad trianuales con el proceso presupuestario anual por niveles de administraciones públicas, así como reforzar los mecanismos “preventivos y correctivos” de desviaciones de déficit de las administraciones públicas en todos sus niveles territoriales.
Establecer un mecanismo de evaluación de las políticas públicas y de sus resultados, de manera que se puedan valorar la eficiencia y eficacia para su rediseño si fuera necesario, es otro de los objetivos del Gobierno incluidos en la Agenda del Cambio.
AMPLIAR EL PARQUE DE VIVIENDA SOCIAL AL 8% EN 2030
En materia de vivienda, la ‘Agenda del Cambio’ también aboga por lograr ampliar en 20.000 propiedades el parque público de viviendas y por incrementar el parque de vivienda social o asequible desde el 2% actual al 8% en 2030.
De igual forma, quiere movilizar el suelo público para crear propiedades sociales o asequibles o poner en marcha instrumentos financieros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la promoción de viviendas en alquiler de los principales agentes.
Además, recoge la reorientación del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para impulsar el alquiler asequible en coordinación con las comunidades autónomas, con la intención de configurar un parque
de vivienda social o sujeta a protección que esté al servicio de las políticas públicas de vivienda.
Por otro lado, apuesta por impulsar medidas de agilización de trámites de concesión de licencias de obras para impulsar la construcción de viviendas o por actuaciones en materia de información y transparencia para dar seguimiento a la información sobre oferta de vivienda en alquiler y sobre la demanda.
Entre otros objetivos de la Agenda 2030 y las medidas para la ‘Agenda del Cambio’ destacan el plan de modernización del comercio minorista 2019-2020, la estrategia España Nación Emprendedora, la Ley de ‘startups’ y la Ley de transformación digital en el ámbito del sector financiero (sandbox) este año.
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