El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha celebrado que el Gobierno haya garantizado que la base mínima de cotización para los autónomos no se verá afectada tras el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 900 euros en 2019.
Así lo ha señalado mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, donde, sin embargo, ha pedido al Gobierno que también garantice que los autónomos no vean incrementados un 22% sus costes laborales por la subida de las bases mínimas que acompañan a la subida del SMI.
“Celebramos que el Gobierno garantice ahora que no va a subir la base mínima de cotización de autónomos. Ahora también podría garantizar que 1 millón de autónomos empleadores no van a ver incrementados un 22% sus costes laborales en un año por la subida de bases mínimas”, dice el tuit.
Según indicaron fuentes del Gobierno a Europa Press, el Ejecutivo está trabajando para que el próximo 1 de enero de 2019 entre en vigor la reforma del régimen de autónomos que permitirá que coticen por sus ingresos reales. De esta forma, las mismas fuentes subrayan que se garantiza así una rebaja de la cuota para los trabajadores por cuenta propia con menores ingresos.
Si por algún motivo la reforma no entrara en vigor en el plazo previsto, el Gobierno desvinculará la subida del Salario Mínimo Interprofesional de la cuota mínima.
ATA llevaba una semana advirtiendo del riesgo de que “la gente se salga a la economía sumergida” por el aumento de las cotizaciones que supondría la subida del SMI pactada por el Gobierno con Unidos Podemos.
Además, la organización había avisado de que los autónomos que cotizan por la base mínima, que suponen el 85% del total, tendrían que pagar 420 euros más al año a la Seguridad Social si el SMI sube a 900 euros en 2019.
Estima 800.000 nuevos empleos en dos años y una revalorización de las pensiones del 1,8% en 2019
MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) –
El Gobierno prevé recaudar 1.500 millones de euros con el aumento de las cotizaciones sociales derivado de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros en 2019 y una creación de 800.000 nuevos puestos de trabajo en dos años. También augura que el IPC aumente un 1,8% el próximo año, con lo que la revalorización de las pensiones se situaría en ese nivel.
Así se desprende del Plan Presupuestario 2019 que el Ejecutivo ha remitido esta tarde a la Comisión Europea, en el que comunica a Bruselas que dicho plan cumple con los requerimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019 y le informa de que las medidas incluidas en el borrador de dicho plan supondrían un aumento de la recaudación cercano a 7.400 millones de euros.
De esa estimación, 5.678 millones de euros proceden de medidas tributarias, 200 millones de euros al incremento de otros ingresos corrientes, y los 1.500 millones de euros restantes al aumento de las cotizaciones sociales derivado de la subida en 2019 del SMI hasta los 900 euros. Así, las cotizaciones sociales pasarán del 12,4% del PIB en 2018 al 12,5 % del PIB en 2019.
Además, prevé que el empleo equivalente a tiempo completo aumente en 2018 a un ritmo anual del 2,5%, y que se desacelere medio punto en 2019, hasta el 2%, creándose más de 800.000 puestos de trabajo en los dos años.
La tasa de paro se reducirá progresivamente, situándose en el 15,5% este año y en 2019 en el 13,8% de la población activa. En paralelo, pronostica un leve aumento de la productividad del 0,1% y el 0,3%, respectivamente.
EL IPC SE MANTENDRÁ Y CRECERÁ UN 1,8% EN 2019
Igualmente, el Gobierno traslada a Bruselas que se prevé que la inflación se mantenga contenida durante el periodo de proyección, en línea con la moderación observada de la inflación subyacente y los deflactores, incluso en el entorno actual de alzas en los precios del petróleo.
De acuerdo con sus previsiones, el deflactor del consumo privado alcanzaría una tasa del 1,7%, y el del PIB, del 1,3%. Para 2019 se espera que ambas tasas se sitúen en el 1,8%. De esta forma, tomando este indicador como referente la revalorización de las pensiones el próximo año podría situarse en ese porcentaje.
En cuanto a los funcionarios, augura un ligero incremento en el gasto de la remuneración de asalariados hasta el 10,4% del PIB, motivado fundamentalmente por el comportamiento observado en las administraciones territoriales durante el primer semestre, que crecen por encima de las previsiones iniciales. Esta rúbrica incorpora la parte fija del incremento salarial de los empleados públicos del 1,75% para 2018 acordada con los sindicatos.
CEOE cree que las líneas maestras incluidas en el acuerdo de Presupuestos alcanzado entre Gobierno y Podemos no permitirán consolidar el ciclo económico de la economía española.
“La política presupuestaria es expansiva en gastos sociales, elude cualquier referencia al gasto destinado a políticas sectoriales y de inversiones e irá acompañada de una subida de impuestos, sobre todo al sector empresarial”, según ha señalado la CEOE en un comunicado.
Para la CEOE, la política presupuestaria y fiscal no es adecuada para consolidar el ciclo económico porque con los niveles de deuda tan elevados que tiene España, “aumentar el gasto corriente, es decir, el que se convierte en estructural, es un obstáculo para la sostenibilidad de las cuentas públicas en el medio y largo plazo”.
La patronal avisa de que “hay que tener en cuenta que las previsiones para la economía española apuntan a una clara desaceleración, con riesgos a la baja, a lo que se añade que el Banco Central Europeo (BCE) realizará probables subidas de los tipos de interés en 2019, lo que significa un aumento de intereses en pago de la deuda”.
Asimismo, la CEOE no está de acuerdo con que España tenga un problema de ingresos tributarios, puesto que, según recuerda, en 2018 la recaudación prevista superará al máximo histórico del año 2007, año en el que existió superávit presupuestario.
“Es evidente que, si no se han recuperado los ingresos y, aún así, nos encontramos en déficit, es porque el gasto no se ha contenido”, ha apuntado, tras insistir en que cualquier incremento de la recaudación “debe venir por la vía del incremento de las bases imponibles y no por la del aumento de impuestos”.
Por otro lado, respecto al incremento de la recaudación de 5.678 millones de euros que se anuncia, la CEOE cree que “no se adecúa con el impacto recaudatorio neto de las medidas fiscales anunciadas”.
El aumento de la carga fiscal, sobre todo a las empresas, resta competitividad, recuerda la patronal, que también apunta que introduce elementos de inseguridad jurídica que van a retrasar las decisiones de inversión, impactando al empleo en el sector privado.
DESVENTAJA COMPETITIVA PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
Asimismo, ha destacado que la adopción de medidas unilaterales en materias que son objeto de debate en la Unión Europea coloca a las empresas españolas en desventaja competitiva.
La Confederación también ha echado en falta medidas destinadas a solucionar los grandes retos de la economía española. Bajo su punto de vista, “se gasta más” en estas cuentas para 2019, pero “no se resuelven los problemas de fondo”.
Con cifras, la CEOE ha alertado que el mantenimiento de los objetivos de déficit público en el 2,7% del PIB para este ejercicio y en el 1,8% para 2019 supone “una demora del proceso de consolidación fiscal”.
Además, considera que no se cumplirán los objetivos comprometidos de déficit para 2018 y 2019, situados en el 2,2% y el 1,6% del PIB, respectivamente, por lo que podría haber una desviación de unos 6.000 millones de euros anuales.
El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha avisado de que los autónomos que cotizan por la base mínima, que suponen el 85% del total, tendrán que pagar 420 euros más al año a la Seguridad Social si el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sube a 900 euros en 2019.
Así lo ha señalado Amor en su perfil de Twitter, donde ha destacado que al subir el SMI a 900 euros, la base mínima por la que cotizan 1,7 millones de autónomos aumentará a 12.600 euros al año en 14 pagas.
Esto, según Amor, supone que los autónomos que cotizan por la mínima, en lugar de pagar por 932,79 euros al mes, pasarán a cotizar 1.050 euros al mes y la cuota de cotización será de 312,9 euros al mes frente a los 277,9 euros mensuales actuales.
Asimismo, ha explicado que la adecuación de la cotización de los autónomos a los ingresos reales se realizará a lo largo de 2019, por lo que desde el día 1 de enero, el 85% de los autónomos que cotiza por la base mínima sufrirá la subida del 12,5% de la base mínima del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
En concreto, Amor considera que “o se limita que los autónomos que no llegan al salario mínimo tengan una cuota reducida o muchos pasarán a la economía sumergida”.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha paralizado durante 15 días el pago de las prestaciones por maternidad y paternidad para que su aplicación informática deje de retener el IRPF tras la sentencia del Tribunal Supremo que establece la exención de este gravamen en la prestación por maternidad, según ha explicado el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, después de comparecer en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso.
El Ministerio de Trabajo ha enviado al Ministerio de Hacienda los datos de las prestaciones por maternidad y paternidad abonadas por la Seguridad Social desde 2014, ejercicio a partir del cual se puede reclamar a la Agencia Tributaria la devolución de las cantidades retenidas. Aún está por ver si la devolución se efectuará de oficio o si las personas afectadas tendrán que cursar una solicitud de devolución.
Aunque la intención de la Seguridad Social es dejar de retener el IRPF en maternidad y paternidad, fuentes de Trabajo han precisado que sería necesario que la Sección II de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo aclare si también están exentas de pagar IRPF las prestaciones por paternidad, puesto que en el fallo sólo se mencionan las prestaciones por maternidad.
El pasado viernes el Tribunal Supremo hizo pública una sentencia en la que determinaba que las prestaciones públicas por maternidad de la Seguridad Social, que perciben las mujeres trabajadoras durante la baja de 16 semanas tras el nacimiento de un hijo, están exentas del IRPF, en contra del criterio que hasta entonces había mantenido la Agencia Tributaria.
Mediante este fallo, el Supremo desestimaba un recurso de la Abogacía del Estado que defendía que dichas prestaciones no debían estar exentas del IRPF y confirmaba una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de junio de 2017, que estimó el recurso de una mujer y ordenó a Hacienda que le devolviera la cantidad ingresada en el IRPF de 2013 por la prestación de maternidad percibida en dicho ejercicio.
Tras conocerse el fallo del Supremo, la Agencia Tributaria afirmaba que tendría en cuenta este criterio a la hora de resolver los procedimientos de devolución de dichas retenciones, tanto ante los recursos y reclamaciones que se encuentran “actualmente en curso” como los que se puedan presentar en el futuro, a tenor de que estos ingresos indebidos pueden reclamarse desde el año 2014, último ejercicio no prescrito.
Así, la devolución podrán solicitarla los contribuyentes que incluyeron la prestación por maternidad en sus declaraciones de IRPF de los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017.
La cuantía puede variar bastante según cual sea el importe de la prestación recibida y el tipo marginal aplicado al resto de ingresos del contribuyente. Por ejemplo, para una prestación de 5.681 euros en 2015, la devolución oscilaría entre 1.000 y 2.600 euros, según las estimaciones de la OCU.
UGT calcula que la devolución a los contribuyentes que han abonado el impuesto entre 2014 y 2017 podría alcanzar unos 1.300 millones de euros, al tiempo que los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que la exención del IRPF tendrá 1.085.000 beneficiarias y que Hacienda tendrá que reducir las cuotas íntegras en 1.677 millones de euros.
El Tribunal Supremo ha declarado nulo el cese de interinos tras considerar la utilización abusiva de contratos de duración determinada y ha reconocido el derecho de los mismos a mantenerse en sus puestos de trabajo y a percibir las retribuciones no abonadas mientras que la Administración no cumpla con la normativa vigente.
En concreto, la sección cuarta de la sala III de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha dictado dos sentencias en las que anula parcialmente dos resoluciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el cese de un funcionario interino municipal y de una empleada de carácter eventual de los servicios de salud cuando se ha constatado una situación previa de abuso en la utilización sucesiva de contratos de duración determinada.
El Tribunal Supremo, aplicando el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha apuntado que estos ceses de los dos trabajadores son contrarios a derecho, pero que la actual situación de abuso no permite convertir al funcionario interino o empleada pública eventual en “personal indefinido no fijo”.
Con esta declaración, el Supremo ha revocado el pronunciamiento contenido en las sentencias el Tribunal vasco, que había aplicado esta figura de “personal indefinido no fijo”, propia de las relaciones sometidas al derecho laboral, pero que no son aplicables a los empleados públicos vinculados con la Administración cuando estos son tanto interinos como empleados públicos eventuales.
Asimismo, para el Alto Tribunal, el abuso reside en la subsistencia y continuación de las relaciones de empleo con los derechos profesionales y económicos inherentes a ella desde la fecha de efectos del cese legal y hasta que la Administración cumpla lo que ordena la normativa aplicable.
Según la normativa, el cese de un interino o empleado público eventual solo puede tener lugar cuando la plaza se cubra por el procedimiento correspondiente por funcionario o personal de carrera, cuando vuelva su titular, cuando termine el programa temporal que debe ejecutarse o cuando finalice la acumulación de tareas objeto del nombramiento.
Así, el Supremo afirma que para que se cumpla con esta normativa se deben considerar las circunstancias del caso. En los casos analizados, se constata que los nombrados cumplían necesidades que no tenían carácter provisional, sino “permanente y estable”.
Por ello, el Tribunal Supremo considera que deben valorarse las funciones que prestaron, si procede, o no, la ampliación de las relaciones de puestos de trabajo de las plantillas. Si no se han realizado estas funciones, el Supremo aboga por acudir al tipo de nombramiento que proceda, impidiendo en todo caso que perdure la situación de precariedad de quienes eventual y temporalmente hayan de prestar las funciones correspondientes.
Sobre la indemnización pedida por los afectados en País Vasco, el Supremo ha asegurado que “no procede”, porque “el mantenimiento en sus puestos que se declara con percibo íntegro de lo no abonado, repara íntegramente el perjuicio causado”.
No obstante, en líneas generales, “los afectados por la utilización abusiva de los nombramientos temporales tienen derecho a una indemnización, aunque el reconocimiento de este derecho depende de las circunstancias del caso, debe ser hecho en el mismo proceso en que se declara la existencia de la situación de abuso y requiere que la parte demandante apunte en el momento procesal oportuno los daños y perjuicios y por qué fueron causados”.
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, y la ministra de Hacienda, Magdalena Valerio, han defendido este jueves que las pensiones deben actualizarse con el IPC real, tal y como ha acordado la Comisión del Pacto de Toledo.
Valerio, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, y Montero, en declaraciones a Antena 3, han asegurado que el discurso del Gobierno en torno a esta cuestión es coherente y no entra en contradicción con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
“El FMI no ha dicho que no se pueda (actualizar las pensiones en función del IPC), sino que hay que adoptar otras medidas también (…) En estos momentos, el acuerdo del Pacto de Toledo dice claramente que las pensiones se subirán según el IPC real. Hay otros países que utilizan otros parámetros, pero la recomendación es clara: el IPC”, ha insistido Valerio en su discurso.
En la misma línea, Montero ha asegurado que revalorizar las pensiones según el coste de la vida es “de justicia y bueno para la economía” y tiene que formar parte de un paquete de medidas de ingresos para garantizar el sistema a futuro, que es lo que se pide desde el FMI. “Compartimos que las pensiones tienen que crecer conforme al IPC, de eso no hay ninguna duda”, ha dicho Montero.
Ambas ministras han insistido en que lo que hay que hacer es mejorar los ingresos de la Seguridad Social. Así, Valerio ha señalado que el sistema no tiene un problema de gasto “excesivo”, pues, en porcentaje del PIB, éste se encuentra cerca del 12%, por debajo del que tienen otros países como Francia e inferior incluso a la media europea.
La ministra de Trabajo ha subrayado que el sistema no podrá mantenerse a futuro sólo con cotizaciones sociales, por lo que deben buscarse nuevas fuentes de ingresos, a través de empleos de mayor calidad (que mejorarían a su vez las cotizaciones que se ingresan), los Presupuestos y la fiscalidad.
FLEXIBILIDAD HORARIA, PERO NO A LA CARTA
Por otro lado, la ministra de Trabajo se ha referido a la intención del Gobierno de poner en marcha un registro horario y dar mayor flexibilidad a los trabajadores a la hora de distribuir su jornada laboral, siempre que medie un acuerdo con la empresa.
Valerio ha señalado que esta cuestión se está debatiendo en el diálogo social y que el objetivo no es el de hacerse “un horario a la carta”, sino el de propiciar un equilibrio entre los intereses de los empresarios y las necesidades de los trabajadores para conciliar su vida laboral con la familiar.
Sobre la reforma laboral de 2012 llevada a cabo por el PP, Valerio ha subrayado que el Gobierno “no puede derogarla porque no tiene una mayoría parlamentaria suficiente”, aunque sí va a tomar medidas para corregir alguno de sus aspectos, entre ellos la ‘ultraactividad’, la necesidad de dar prevalencia al convenio de sector sobre el de empresa y las subcontratas.
“La reforma laboral puede haber tenido algún efecto positivo en la creación de empleo, pero lo ha precarizado, ha quitado poder a los sindicatos en la negociación colectiva y ha devaluado los salarios”, ha indicado.
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha anunciado este miércoles que el Gobierno está estudiando el establecimiento de un registro horario y el reconocimiento expreso del derecho de los trabajadores a la distribución regular o previsible de su jornada de trabajo.
Así lo ha señalado durante su intervención en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el Senado, donde ha asegurado que esta actuación se integra dentro de los cinco ejes a realizar por parte de su Ministerio de cara a los próximos meses.
Según la ministra, se debe equilibrar la flexibilidad en la distribución de la jornada de trabajo desde la perspectiva de la empresa con el derecho de los trabajadores a una jornada previsible que permita la conciliación familiar.
Asimismo, ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está estudiando también la situación que se está produciendo en relación con las horas extraordinarias, puesto que, según los datos del segundo trimestre de 2018 de la Encuesta de Población Activa (EPA), más de 825.000 trabajadores asalariados realizan horas extraordinarias, y más del 55% de los mismos no cobran por la realización de dichas horas.
Esta medida se integra dentro del proyecto de actuaciones que el Gobierno va a realizar en los próximos meses para recuperar un mercado de trabajo “más garantista”, con empleos con derechos y más calidad que el actual, ha indicado.
Entre las cinco líneas de actuación del Gobierno, destacan la reducción de la segmentación del mercado de trabajo español entre trabajadores temporales e indefinidos y trasladar la recuperación económica al empleo de calidad, mejorando las condiciones de trabajo y reduciendo la precariedad, sobre todo en lo referente a los salarios, tiempo de trabajo y flexibilidad interna.
Por otro lado, el Ejecutivo también trabajará en la recuperación de la negociación colectiva como elemento vertebrador de las relaciones laborales y en desarrollar medidas específicas en materia de políticas activas de empleo y protección al desempleo dirigidas a parados de larga duración, mujeres y jóvenes.
En esta línea, Valerio ha afirmado que la Secretaría de Estado de Empleo está trabajando en la elaboración de un plan de choque de empleo joven, que se centrará en abordar una nueva regulación de contratos dirigidos a la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, en la mejora de la empleabilidad a través de programas de inserción y cualificación y en el acompañamiento en el proceso de formación e inserción laboral.
Este plan, que también abordará una mejora en la gobernanza del sistema de garantía juvenil, se presentará antes de que finalice el año y se realizará igualmente en el marco del diálogo social con sindicatos y empresarios.
Por último, el quinto eje de actuación del Gobierno se centrará en la defensa del valor de la igualdad de género en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo y de protección social.
Valerio también ha señalado que se va a constituir un grupo de trabajo para la realización de un Estatuto de los Trabajadores acorde al siglo XXI, que contará con el asesoramiento de expertos de reconocido prestigio.
La Seguridad Social registró un déficit de 4.894,4 millones de euros en los ocho primeros meses del año, cifra equivalente al 0,4% del PIB, frente al saldo negativo de 5.998,3 millones del mismo periodo del año pasado, lo que representa un descenso en valores relativos del 18,4%, ha informado este jueves el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
El déficit registrado por la Seguridad Social hasta agosto es resultado de unos ingresos no financieros de 91.808 millones de euros (+6,08%), frente a unos gastos de 96.702,7 millones de euros (+4,5%).
No obstante, Trabajo explica que existen gastos pendientes de imputación presupuestaria a esta fecha que alcanzarían un importe aproximado de 466,57 millones de euros (aportación al sostenimiento de servicios comunes y reaseguro obligatorio y facultativo).
En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanzó los 90.289,1 millones de euros, con un aumento de casi el 6%, mientras que los pagos se incrementaron un 4,6%, hasta los 96.566 millones.
Del volumen total de derechos reconocidos, el 91,15% corresponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y el 8,85% restante a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En cuanto a las obligaciones, el 92,83% han sido reconocidas por las entidades gestoras y el 7,17% por las mutuas.
LOS INGRESOS POR COTIZACIONES SUBEN UN 5,6%
La Seguridad Social ingresó hasta agosto 76.210,6 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales, cifra casi un 5,6% superior a la del mismo periodo de 2017, tras aumentar la recaudación por cuotas de ocupados un 5,8% y las de los desempleados, un 1,8%.
Según Trabajo, la Seguridad Social prevé ingresar este ejercicio un total de 114.915,7 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales. Así, los ingresos por cotizaciones representaban, a finales de agosto, el 66,3% de lo previsto para todo 2018.
Por otro lado, las transferencias corrientes totalizaron 14.122,9 millones de euros en los ocho primeros meses, un 13,5% más que las acumuladas a la misma fecha de 2017.
Los ingresos patrimoniales, por su parte, ascendieron a 188,5 millones de euros, con una disminución interanual del 60,3%, mientras que las tasas y otros ingresos alcanzaron los 703,08 millones de euros, un 0,8% menos.
EL 94% DEL GASTO, DESTINADO A PRESTACIONES
Según los datos facilitados por Trabajo, las prestaciones económicas a familias e instituciones sumaron 90.995,6 millones de euros, cantidad un 4,5% superior a la del mismo periodo de 2017 y que representa el 94,1% del gasto total realizado por el sistema hasta agosto.
La mayor partida, 83.592,1 millones, corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un crecimiento interanual del 4,7%.
Dentro de las prestaciones contributivas, las pensiones (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y a favor de familiares) alcanzaron un importe de 77.449,07 millones de euros, un 4,4% más.
Las prestaciones por maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo supusieron 1.542,59 millones de euros (+1,4%), mientras que el gasto en incapacidad temporal se elevó a 4.336,7 millones de euros (+12,4%).
A 31 de agosto, las prestaciones y pensiones no contributivas, incluidos los complementos a mínimos, que corren a cargo de los presupuestos del Estado, alcanzaron los 7.403,4 millones de euros (+2,2%), de los que 6.152,6 millones de euros fueron para pensiones no contributivas y complementos a mínimos y 1.250,8 millones para subsidios y otras prestaciones.
Los gastos de personal efectuados por la Seguridad Social bajaron un 0,04% hasta agosto, mientras que aumentaron un 2,8% los gastos corrientes de bienes y servicios y un 35,5% los destinados a inversiones.
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Las mujeres y la educación lideran el aumento de la ocupación por el inicio de la actividad escolar
MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) –
La Seguridad Social ganó en septiembre una media de 22.899 afiliados (+0,1%), su tercer mejor dato en este mes desde el año 2000, hasta situarse el total de ocupados en 18.862.713 cotizantes, según ha informado este martes el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Este repunte de la ocupación es inferior al logrado en septiembre de 2017, cuando los afiliados aumentaron en 26.318, y al registrado en 2005, cuando se incrementaron en 28.627. En el resto de septiembres de la serie o se registraron descensos de la afiliación o los ascensos fueron menores a los logrados en septiembre de este año.
Como suele ser habitual tras el fin de la temporada estival y el comienzo de la actividad escolar, la educación fue el sector donde más creció la afiliación en septiembre, con 53.308 ocupados (+7,4%), mientras que hostelería y comercio protagonizaron los mayores descensos al perder 39.227 y 31.963 ocupados, respectivamente (-2,7% y -1,3%).
Tras la educación destacan también las subidas de actividades administrativas (+20.689 cotizantes, +1,6%); industria manufacturera (+13.840 afiliados, +0,7%), y construcción (+7.732 afiliados, +0,9%).
En el noveno mes del año el Régimen General ganó 20.135 afiliados, un 0,1% más que en agosto, hasta un total de 15.539.604 cotizantes. Por su parte, el Régimen de Autónomos (RETA) sumó 4.395 ocupados en septiembre (+0,1%), su mayor repunte en este mes desde 2007, situándose el total de afiliados a este régimen en 3.253.670 trabajadores.
El Régimen del Mar registró 1.613 bajas en septiembre (-2,3%) y el Régimen del Carbón perdió 18 afiliados (-0,8%).
En el sistema especial agrario se ganaron 19.281 afiliados en septiembre (+2,7%), mientras que en el sistema especial del hogar se registraron 2.349 cotizantes menos (-0,57%).
En el último año, el número de cotizantes ha aumentado en 526.551 afiliados, a un ritmo del 2,87%, impulsados principalmente por el Régimen General, que ha sumado 489.743 trabajadores desde septiembre de 2017 (+3,2%), y por el Régimen de Autónomos, que ha ganado en el último año 37.398 afiliados (+1,1%), su mayor repunte de los tres últimos ejercicios.
Según los datos del Ministerio, las Administraciones Públicas ganaron 87.620 cotizantes de media el pasado mes de agosto (último dato disponible) en relación al mismo mes de 2017 (+3,6%), especialmente la Administración Autonómica (63.033 nuevos afiliados, +4,6%), seguida de la Estatal (+15.328, +4,8%) y de la Local (+9.259, +1,3%).
LAS MUJERES PROTAGONIZAN EL REPUNTE DE LA OCUPACIÓN
El repunte de la afiliación en septiembre sólo afectó a las mujeres, con 51.207 afiliadas más (+0,6%) frente a un descenso de la ocupación masculina de 28.308 cotizantes (-0,3%).
Así, al finalizar el mes pasado, el número de hombres cotizantes se situó en 10.164.384 ocupados, mientras que el de mujeres ascendió a 8.698.329 afiliadas. En tasas interanuales, la afiliación masculina acumula un repunte del 2,78%, ligeramente por debajo del incremento interanual de la afiliación femenina (+2,98%).
Por su parte, el número de afiliados extranjeros subió en septiembre en 6.003 trabajadores respecto al mes anterior (+0,3%) tras haber bajado en agosto. El total de inmigrantes afiliados se situó así en 1.993.210 personas y de ellos 1.663.617 cotizaban en el Régimen General; 324.637 en Autónomos; 4.867 en el Régimen del Mar, y 88 en el del Carbón.
OCHO COMUNIDADES SUMAN COTIZANTES EN EL MES
La afiliación aumentó en septiembre en ocho comunidades autónomas respecto al mes anterior, especialmente en Madrid (+43.394 ocupados), Canarias (+10.192 cotizantes) y Cataluña (+9.763 ocupados), y bajó en nueve, principalmente en Baleares (-15.190), Andalucía (-6.645) y Galicia (-6.500).
En valores interanuales, la afiliación se incrementó en todas las regiones, encabezadas por Madrid (+122.625 cotizantes), Andalucía (+96.572) y Cataluña (+82.792).
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